Despenalización del aborto en Venezuela

28 de septiembre de 2021. Se iniciaba otra semana de flexibilización en Caracas y en la Plaza Morelos de Bellas Artes un grupo de casi 300 mujeres se reunió con banderas de color verde y violeta: exigían la despenalización del aborto en Venezuela. Ese martes, desde las 9:00 am, más de 50 organizaciones y miembros de diferentes partidos políticos lograron unirse bajo una sola consigna: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. La oleada de banderas recorrió las calles hasta la Asamblea Nacional y se consolidó como la primera gran marcha en favor de la despenalización del aborto, una lucha invisibilizada que data de hace casi 40 años.

La marcha dio como resultado que, finalmente, el viernes 15 de octubre ocurriera la primera reunión con la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la AN para marcar la ruta legal hacia la despenalización. En el encuentro las organizaciones Tinta Violeta, Faldas R y la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) presentaron un documento con argumentos jurídicos y de derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes por los cuales se exige la derogación de los artículos del Código Penal Venezolano que criminalizan la interrupción del embarazo. Por su parte, además, el Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos (Cedesex) elevó una propuesta de ley sobre los derechos humanos sexuales y reproductivos.

“El encuentro, además, propició que se establecieran reuniones con las diferentes comisiones de la AN. Se decidió para la tercera semana de octubre llevar a cabo un encuentro con la Comisión Permanente de Salud, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. A finales de este mes, se espera una reunión con la Comisión Permanente de Política Interior. Además, las voceras feministas serán recibidas por la Vicepresidencia Social en noviembre”, señaló Laura Cano, activista y miembro del equipo de la plataforma Ruta Verde.

Activistas, feministas, organizaciones y miembros de la comunidad LGTIBQ+ celebraron la noticia. Todas habían acudido a la marcha, respondiendo al llamado realizado por la plataforma Ruta Verde para visibilizar un tema catalogado como tabú. El propósito era continuar el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el país. El objetivo de aquella primera concentración fue presentar un comunicado ante la Asamblea Nacional, firmado por más de 60 organizaciones, para pedir la derogación de los artículos 430, 431, 433 y 434 del Código Penal venezolano.

Entre los firmantes figuró el nombre del Centro de Estudio de la Mujer, Mujeres por la vida de Lara, Mujer género rebelde de Carabobo; el movimiento Otro Beta y Avesa, entre otras. Bajo el título “La criminalización del aborto: problema de salud pública y derechos humanos” se exigió que el tema sea parte de la agenda legislativa con la participación de grupos feministas y  defensoras de los derechos de las mujeres.

El argumento del grupo es firme: el aborto legal es un tema de derechos humanos. En un país como Venezuela en donde se penaliza su práctica es difícil conocer cuántos abortos clandestinos se practican. Sin embargo, que esté penalizado no significa que disminuya, explica Magdymar León, docente de la Maestría de Estudios de la Mujer en la Universidad Central de Venezuela y coordinadora de Avesa. “No sabemos cuántas mujeres se embarazan sin planificarlo ni el número exacto de las fallecen por abortos clandestinos. El boletín epidemiológico del Ministerio de Salud tiene años sin presentarse y no se conocen cifras. Pero en 2016 el Estado reconoció en el último boletín que el aborto clandestino era la tercera causa de mortalidad materna en Venezuela”, señala.

Además de ser una cuestión de vida o muerte, la penalización del aborto viola los derechos de dignidad e integridad de las mujeres, afirma Laura Cano. Su penalización fomenta un mercado al que solo tienen acceso mujeres con dinero y las clínicas clandestinas salen ilesas, explica. Mientras, las de los sectores populares no tienen ni siquiera información sobre el aborto. Son ellas las que cargan con la culpabilización y la estigmatización e incluso van a la cárcel por 6 meses  o hasta 10 años. “Esto es una realidad que ocurre día a día”, agrega.

Fuente :Elnacional